El porcino se enfrenta ahora a la Ley de Bienestar tras 4 años de pérdidas

19/03/2012

Constituye el 20% de la riqueza que se genera en la provincia de Teruel y de él dependen más de 2.000 empleos directos y 1.000 indirectos. Es un sector con mucho potencial, pero que necesita algún mimo por parte de la administración para no sufrir daños a corto y medio plazo. Se trata de la agroalimentación, una rama productiva que se ha afianzado satisfactoriamente en el medio rural turolense, extendiendo sus dividendos económicos a subsectores dependientes como el transporte y la manufactura. El porcino del Bajo Aragón Histórico ha conseguido generar riqueza autóctona, aunque ahora no atraviesa su mejor momento.

Desde 2008 y debido a la caída del consumo interior, las miras del sector porcino apuntan al exterior, hacia esos suculentos mercados europeo, chino y ruso, con millones de clientes potenciales. Es un reto que va tomando forma y que necesita de un fuerte trabajo por parte de las diferentes empresas. Sin embargo y pese a los esfuerzos del sector, la administración, en este caso la Unión Europea, está mirando hacia otro lado. Si no cambia nada de aquí a nueve meses, la Ley de bienestar animal entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Para el sector porcino local no es una directiva más, ya que supone fuertes inversiones en las instalaciones.

Los principales afectados son los que tienen plantas de gestación, ya que las deberán ampliar un 5% (o bien reducir el censo de la explotación en un 20%). El 1 de enero será obligatorio que las cerdas estén en unas celdas de, aproximadamente, 2’25×1’64m, medidas superiores a las que tienen actualmente. También debe cambiar, y esto afecta a machos y hembras, el emparrillado sobre el que caminan, que debe ser de 8cm de soporte metálico y de 2cm de abertura. el arreglo de los emparrillados de una planta de cebo puede costar unos 12.000 euros, mientras que el presupuesto para acondicionar las plantas de gestación de las hembras se puede disparar hasta los 300 euros por cabeza. En una planta de 1.000 hembras, el coste de la adaptación a la nueva ley europea sería de aproximadamente 300.000 euros. Todo esto en un contexto económico en el que los productores y los empresarios no pueden invertir.

De hecho y según apunta el director de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, 400 productores de Teruel están todavía devolviendo los préstamos les aprobaron en el año 2008, cuando el sector agroalimentario experimentó un bajón importante. «Son inversiones que los productores no han amortizado todavía, y la Unión Europea les pide que afronten un nuevo gasto», sostiene Pérez Cebrián.

El presidente de Cepyme, Enrique Bayona, defiende la misma tesis. «Solo en la provincia de Teruel sería necesario realizar inversiones por valor de 10 millones de euros», señala. Bayona tiene, además, especial preocupación por el territorio en el que trabajan los socios de su empresa, la comarca del Matarraña. De los 2.000 empleos que proporciona el sector en la provincia de Teruel, 800 corresponden al Matarraña, lo que supone un 60% del total. Solo en 2011, el sector agroalimentario de esta comarca cerró con una facturación de 110 millones de euros, dos millones por debajo de la cantidad facturada en 2010. A pesar del ligero descenso, los ánimos de la zona no decaen y ya plantean su salida a los mercados europeo y ruso. «El porcino del Matarraña no exporta, pero empezaremos a hacerlo en breve», matiza Bayona. Eso sí, sin apartar la vista de las decisiones que se tomen en la UE.

La Comarca del Matarraña, pionera
La Comarca del Matarraña es consciente de lo mucho que se juega a partir de 2013, por eso fue la primera que se puso manos a la obra para reivindicar soluciones urgentes. La institución ya aprobó en noviembre una moción para trasladar al gobierno autonómico que solicite una moratoria a la aplicación de la ley y en la que pedía que se sumasen el resto de comarcas y DPT a la reivindicación. En la iniciativa, recordaban las características socioeconómicas de las explotaciones ganaderas matarrañenses, todas ellas familiares, de escasa dimensión, arrastrando un importante déficit económico en los últimos 3 años como consecuencia de la elevación de los costes de producción, especialmente piensos, electricidad y carburante, unido a la disminución de crédito y la falta de subvenciones a fondo perdido. Además, la semana pasada, el presidente comarcal, Francisco Esteve, se reunió con representantes empresariales para formalizar una actuación conjunta en beneficio del sector. Entre otros temas, se planteó que el Plan Especial de Teruel pueda financiar las inversiones de los ganaderos y también acordaron solicitar al gobierno autonómico que contribuya económicamente al Plan de Gestión de Residuos Ganaderos, que ha sido suspendido por parte de la DPT.  Está previsto que el consejo comarcal apruebe en el próximo pleno pedir el apoyo desde el Plan Teruel.

Empresarios y políticos son totalmente conscientes de que la entrada en vigor de la ley no solo es una amenaza a todo el trabajo realizado hasta la fecha. Si las familias ganaderas, modelo socioeconómico dominante, no pueden afrontar el gasto de adaptar las explotaciones a la directiva, la Ley de bienestar animal podría firmar la sentencia de muerte de un territorio fuertemente golpeado por la despoblación.

Mientras agentes políticos y económicos claman a Bruselas, los productores hacen números, aunque ninguno de ellos ha pedido todavía financiación. Y gran parte de ellos todavía no ha calculado el desembolso exacto que tendrá que hacer a lo largo de este año.

Directiva ajena a la base sectorial
Si en algo coinciden los productores porcinos, sea cual sea su régimen laboral, es en criticar los contenidos de una ley elaborada por la maquinaria burocrática europea sin apenas conocimiento de la realidad del sector. El productor samperino Antonio Peguero defiende que es «de sentido común» que los ganaderos como él traten bien a los animales sin necesidad de que lo marque ninguna ley. «Cuando los cerdos están bien, cómodos y cuidados, comen más, engordan antes y nos dan más ingresos», aclara. Peguero ve la Ley como una «tontada de burócratas» ajenos al sector y al territorio, pese a que no será el principal afectado por ella. Su inversión particular se ha situado en los 12.000 euros ya que su actividad se basa en el cebo y no en la gestación de hembras. Un poco diferente es la situación del productor matarrañense Roberto Bosque, ya que su régimen laboral es de autónomo integrado en la cooperativa de la comarca. Sus inversiones corrientes no se limitan únicamente al mantenimiento de sus explotaciones sino que debe costear, junto con el resto de socios, las pérdidas que se acumulan en las instalaciones comunes de la sala de despiece. Bosque explica que las piezas por excelencia del cerdo crudo, las patas y el lomo, se han devaluado hasta el punto de no compensar el precio del animal entero. Las pérdidas económicas en el sector también son la preocupación central de COAG. Su portavoz, Roberto Sanz, ve además riesgos de que «España pierda la capacidad de competir con el resto de países». Si la moratoria se aplica solo en España, no tendremos opción de exportar a Europa por incumplimiento de normativa, y otro país se beneficiará de la ausencia del producto patrio.

Dos jornadas dedicadas al sector en Peñarroya
Peñarroya de Tastavins ha celebrado dos intensos días de jornadas informativas dedicadas a los profesionales del sector porcino. Las sesiones han abordado la entrada en vigor de la Ley de bienestar animal, así como aspectos más técnicos relacionados con la cría del cerdo.

Organizadas por las empresas del sector, las charlas han abordado los problemas derivados de la inmunoprofilaxis, las posibilidades de la ciencia aplicadas a la mejora de hembras que no salen en celo o las consecuencias víricas de algunos tratamientos. Siguiendo esta tendencia, COAG ha organizado una cita nacional en Calamocha el próximo 28 de marzo. También se abordará la Ley de bienestar.

Noticia extraída de: http://lacomarca.net/

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