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El jamón de bellota en peligro de extinción

Una normativa europea sobre bienestar animal en las ganaderías de cerdo ibérico  pone en peligro la viabilidad de estas explotaciones. La prohibición de castrar cerdas recogida en la Normativa Europea Sobre Bienestar Animal, pone en peligro la viabilidad de las ganaderías extensivas de porcino ibérico en montanera y del jamón de bellota y otros productos cárnicos.

Así lo informaron mediante un comunicado el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de  Veterinarios los cuales manifestaron su preocupación por la medida y con el objeto de analizar este hecho y sus inmediatas consecuencias para el sector, se reunieron el 19 de junio en el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla en una reunión de profesionales veterinarios relacionados con el sector porcino ibérico extensivo. 

A ella asistieron representantes de distintas instituciones, entre las que cabe destacar los Colegios Oficiales de Veterinarios de la zona de dehesa, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios,  Facultad de Veterinaria de Córdoba, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente entre otros.

La reunión se centró en la aplicación de la normativa de bienestar animal en las ganaderías porcinas de cerdo ibérico extensivo de nuestras dehesas.

Todos los profesionales coincidieron en el gran impacto que esta medida puede tener en la viabilidad de las explotaciones porcinas extensivas de la dehesa española, poniéndose en peligro un método ancestral de crianza del cerdo ibérico y afectando a factores estrechamente relacionados como la calidad del jamón de bellota y otros productos cárnicos, la utilización de los recursos y la continuidad de la dehesa y la conservación genética de especies silvestres.

Finalmente los veterinarios asistentes decidieron elaborar un documento de consenso donde se recogen las principales conclusiones:

–   La  prohibición de la  castración de cerdas  en las ganaderías de  porcino ibérico  extensivo en la dehesa suponen un infranqueable problema que pone en  serio peligro la viabilidad de estas explotaciones.

–   La  castración quirúrgica de  cerdas, realizada  por veterinarios con un adecuado protocolo de anestesia y analgesia, es  el único  procedimiento posible para la continuidad de este sistema de  crianza del cerdo ibérico.

–     Se ha  creado un grupo de trabajo para elaborar a la mayor brevedad posible  un informe técnico y científico sobre  esta problemática para  elevarlo a las distintas instancias nacionales y europeas para buscar una  solución a este  problema.

–     En  su opinión, la solución  pasa por que se conceda una excepcionalidad a la prohibición  de la castración  quirúrgica de cerdas  en este tipo de cría extensivo en montanera, método  de cría que respeta los sistemas y los  ciclos naturales, preserva y mejora la salud del suelo, el agua, las  plantas y los animales y el equilibrio entre ellos, contribuyendo a  alcanzar un alto grado de biodiversidad, y pone en práctica mejor que ningún otro tipo de producción ganadera las normas exigentes de bienestar animal con objeto de producir alimentos de máxima calidad.

Las cerdas de raza ibérica no necesitan ‘juguetes’

07/04/12

Las cerdas de cría de Huelva no necesitan juguetes, como ruedas neumáticas, cajas u otros artilugios, para entretenerse y combatir el estrés en los periodos de gestación. Las cochinas onubenses son ibéricas y disponen de amplias dehesas en las que explayarse y donde encuentran todo lo necesario para desenvolverse a diario mientras buscan alimento con el fin de conseguir unos vástagos de máxima calidad como corresponde a su raza.

Y es que en Huelva, la inmensa mayoría de las explotaciones porcinas son intensivas y no extensivas como ocurre en otras zonas de Andalucía y España que se dedican a la cría de cerdo. La forma de explotación ganadera de la provincia onubense nada tiene que ver con esas granjas en las que se acumulan cientos de animales porcinos cuya carne (fresca o en chacina) va a parar a las grandes cadenas de alimentación y las grandes marcas. Se trata de granjas intensivas dedicadas a la cría de cerdo blanco, a las que afecta principalmente la nueva Ley de Bienestar Animal, y que obligará a partir del 1 de enero de 2013 a cambiar por completo la forma de explotación. Más espacio para que los animales convivan en mejores condiciones, mejores instalaciones y proporcionar a las hembras gestantes unos cuidados para obtener unos jamones de la mejor categoría posible son algunas de las obligaciones a cumplir.

La nueva normativa exige que para mantener el número de plazas de madres, se tendrá que aumentar la superficie de la explotación o bien reducir la cabaña ganadera, ya que se deberá incrementar en un 30% el espacio disponible. Si hasta ahora las cerdas en periodo de cría estaban ubicadas en jaulas individuales donde vivían y comían separadas del resto, con la normativa deberán hacerlo en unas dependencias espaciosas y abiertas.

Ninguno de estos requisitos causará quebranto alguno a las explotaciones porcinas onubenses, que basan su actividad en los espacios abiertos de las dehesas de encinas y alcornoques, que proporcionan a los cerdos ibéricos toda la alimentación que necesitan para que sus jamones, paletillas y cañas de lomo tengan una calidad única e inigualable. Las cerdas reproductoras del ibérico campan a sus anchas por estos ecosistemas prácticamente todo el año que sólo en los dos periodos de gestación abandonan para tener sus crías. Además, las dependencias están ubicadas dentro de los límites de la finca y reúnen las condiciones necesarias.

Pocos serán Huelva los ganaderos del porcino que tengan que introducir cambios en sus explotaciones para adaptarlas a la nueva ley europea, según las estimaciones del presidente del Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios, que destaca el carácter extensivo de la cría del cerdo ibérico. No obstante, asegura que los criadores tendrán que estar atentos a la nueva normativa, que debería contemplar mejoras de explotación para los animales sí, pero “acordes con la lógica”.

La adaptación de las explotaciones para cumplir los requisitos que exige la Unión Europea supone un coste de entre 200.000 y 300.000 euros, según han cifrado ya los ganaderos, que han alertado que mientras los costes de producción subirán y la productividad disminuirá. La generosidad del ecosistema onubense marca la diferencia una vez más.

Noticia extraída de: www.huelvainformacion.es

El porcino se enfrenta ahora a la Ley de Bienestar tras 4 años de pérdidas

19/03/2012

Constituye el 20% de la riqueza que se genera en la provincia de Teruel y de él dependen más de 2.000 empleos directos y 1.000 indirectos. Es un sector con mucho potencial, pero que necesita algún mimo por parte de la administración para no sufrir daños a corto y medio plazo. Se trata de la agroalimentación, una rama productiva que se ha afianzado satisfactoriamente en el medio rural turolense, extendiendo sus dividendos económicos a subsectores dependientes como el transporte y la manufactura. El porcino del Bajo Aragón Histórico ha conseguido generar riqueza autóctona, aunque ahora no atraviesa su mejor momento.

Desde 2008 y debido a la caída del consumo interior, las miras del sector porcino apuntan al exterior, hacia esos suculentos mercados europeo, chino y ruso, con millones de clientes potenciales. Es un reto que va tomando forma y que necesita de un fuerte trabajo por parte de las diferentes empresas. Sin embargo y pese a los esfuerzos del sector, la administración, en este caso la Unión Europea, está mirando hacia otro lado. Si no cambia nada de aquí a nueve meses, la Ley de bienestar animal entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Para el sector porcino local no es una directiva más, ya que supone fuertes inversiones en las instalaciones.

Los principales afectados son los que tienen plantas de gestación, ya que las deberán ampliar un 5% (o bien reducir el censo de la explotación en un 20%). El 1 de enero será obligatorio que las cerdas estén en unas celdas de, aproximadamente, 2’25×1’64m, medidas superiores a las que tienen actualmente. También debe cambiar, y esto afecta a machos y hembras, el emparrillado sobre el que caminan, que debe ser de 8cm de soporte metálico y de 2cm de abertura. el arreglo de los emparrillados de una planta de cebo puede costar unos 12.000 euros, mientras que el presupuesto para acondicionar las plantas de gestación de las hembras se puede disparar hasta los 300 euros por cabeza. En una planta de 1.000 hembras, el coste de la adaptación a la nueva ley europea sería de aproximadamente 300.000 euros. Todo esto en un contexto económico en el que los productores y los empresarios no pueden invertir.

De hecho y según apunta el director de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, 400 productores de Teruel están todavía devolviendo los préstamos les aprobaron en el año 2008, cuando el sector agroalimentario experimentó un bajón importante. «Son inversiones que los productores no han amortizado todavía, y la Unión Europea les pide que afronten un nuevo gasto», sostiene Pérez Cebrián.

El presidente de Cepyme, Enrique Bayona, defiende la misma tesis. «Solo en la provincia de Teruel sería necesario realizar inversiones por valor de 10 millones de euros», señala. Bayona tiene, además, especial preocupación por el territorio en el que trabajan los socios de su empresa, la comarca del Matarraña. De los 2.000 empleos que proporciona el sector en la provincia de Teruel, 800 corresponden al Matarraña, lo que supone un 60% del total. Solo en 2011, el sector agroalimentario de esta comarca cerró con una facturación de 110 millones de euros, dos millones por debajo de la cantidad facturada en 2010. A pesar del ligero descenso, los ánimos de la zona no decaen y ya plantean su salida a los mercados europeo y ruso. «El porcino del Matarraña no exporta, pero empezaremos a hacerlo en breve», matiza Bayona. Eso sí, sin apartar la vista de las decisiones que se tomen en la UE.

La Comarca del Matarraña, pionera
La Comarca del Matarraña es consciente de lo mucho que se juega a partir de 2013, por eso fue la primera que se puso manos a la obra para reivindicar soluciones urgentes. La institución ya aprobó en noviembre una moción para trasladar al gobierno autonómico que solicite una moratoria a la aplicación de la ley y en la que pedía que se sumasen el resto de comarcas y DPT a la reivindicación. En la iniciativa, recordaban las características socioeconómicas de las explotaciones ganaderas matarrañenses, todas ellas familiares, de escasa dimensión, arrastrando un importante déficit económico en los últimos 3 años como consecuencia de la elevación de los costes de producción, especialmente piensos, electricidad y carburante, unido a la disminución de crédito y la falta de subvenciones a fondo perdido. Además, la semana pasada, el presidente comarcal, Francisco Esteve, se reunió con representantes empresariales para formalizar una actuación conjunta en beneficio del sector. Entre otros temas, se planteó que el Plan Especial de Teruel pueda financiar las inversiones de los ganaderos y también acordaron solicitar al gobierno autonómico que contribuya económicamente al Plan de Gestión de Residuos Ganaderos, que ha sido suspendido por parte de la DPT.  Está previsto que el consejo comarcal apruebe en el próximo pleno pedir el apoyo desde el Plan Teruel.

Empresarios y políticos son totalmente conscientes de que la entrada en vigor de la ley no solo es una amenaza a todo el trabajo realizado hasta la fecha. Si las familias ganaderas, modelo socioeconómico dominante, no pueden afrontar el gasto de adaptar las explotaciones a la directiva, la Ley de bienestar animal podría firmar la sentencia de muerte de un territorio fuertemente golpeado por la despoblación.

Mientras agentes políticos y económicos claman a Bruselas, los productores hacen números, aunque ninguno de ellos ha pedido todavía financiación. Y gran parte de ellos todavía no ha calculado el desembolso exacto que tendrá que hacer a lo largo de este año.

Directiva ajena a la base sectorial
Si en algo coinciden los productores porcinos, sea cual sea su régimen laboral, es en criticar los contenidos de una ley elaborada por la maquinaria burocrática europea sin apenas conocimiento de la realidad del sector. El productor samperino Antonio Peguero defiende que es «de sentido común» que los ganaderos como él traten bien a los animales sin necesidad de que lo marque ninguna ley. «Cuando los cerdos están bien, cómodos y cuidados, comen más, engordan antes y nos dan más ingresos», aclara. Peguero ve la Ley como una «tontada de burócratas» ajenos al sector y al territorio, pese a que no será el principal afectado por ella. Su inversión particular se ha situado en los 12.000 euros ya que su actividad se basa en el cebo y no en la gestación de hembras. Un poco diferente es la situación del productor matarrañense Roberto Bosque, ya que su régimen laboral es de autónomo integrado en la cooperativa de la comarca. Sus inversiones corrientes no se limitan únicamente al mantenimiento de sus explotaciones sino que debe costear, junto con el resto de socios, las pérdidas que se acumulan en las instalaciones comunes de la sala de despiece. Bosque explica que las piezas por excelencia del cerdo crudo, las patas y el lomo, se han devaluado hasta el punto de no compensar el precio del animal entero. Las pérdidas económicas en el sector también son la preocupación central de COAG. Su portavoz, Roberto Sanz, ve además riesgos de que «España pierda la capacidad de competir con el resto de países». Si la moratoria se aplica solo en España, no tendremos opción de exportar a Europa por incumplimiento de normativa, y otro país se beneficiará de la ausencia del producto patrio.

Dos jornadas dedicadas al sector en Peñarroya
Peñarroya de Tastavins ha celebrado dos intensos días de jornadas informativas dedicadas a los profesionales del sector porcino. Las sesiones han abordado la entrada en vigor de la Ley de bienestar animal, así como aspectos más técnicos relacionados con la cría del cerdo.

Organizadas por las empresas del sector, las charlas han abordado los problemas derivados de la inmunoprofilaxis, las posibilidades de la ciencia aplicadas a la mejora de hembras que no salen en celo o las consecuencias víricas de algunos tratamientos. Siguiendo esta tendencia, COAG ha organizado una cita nacional en Calamocha el próximo 28 de marzo. También se abordará la Ley de bienestar.

Noticia extraída de: http://lacomarca.net/