09/08/12

El sector, con especial peso en Salamanca, vive con incertidumbre y preocupación el anuncio por parte del Ministerio de los cambios en la normativa.

Las alarmas están encendidas y la preocupación es máxima. El sector del ibérico en Castilla y León aguarda con temor e incertidumbre el momento en el que, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haga público el borrador en el que se incluyen los cambios en la normativa referida a la producción del jamón ibérico. Por el momento, son varios los detalles de la propuesta que se conocen que no gustan a los productores y también han provocado el rechazo de la Junta de Castilla y León, que ha enviado incluso una carta al ministro, Miguel Arias Cañete, expresando su oposición a ciertos puntos que considera dañinos para una Comunidad con gran peso en la producción y transformación, especialmente en Salamanca.

Guijuelo es la comarca más preocupada. De una u otra forma, cada uno de sus 6.000 habitantes está relacionado con el ibérico, del que también dependen otros 4.000 empleos indirectos. Allí se manufactura casi el 80% de la producción nacional y su denominación de origen duplica a las otras tres que existen en España.

Aunque hay puntos que gustan, otros, no. Uno de los más controvertidos de la nueva normativa es la denominada «extensificación» del cerdo ibérico de cebo, de modo que, para que pueda ser considerado y comercializado como tal, los animales han de vivir al aire libre con una proporción no mayor de 15 cabezas por hectárea durante los dos últimos meses. Actualmente, se considera este mismo principio, pero con una superficie mínima de dos metros cuadrados por animal y sin la obligación de tener que pisar el campo durante los 60 días previos al sacrificio. Los ganaderos han alzado la voz. Es el caso de Celestino Martín Sevillano, incapaz de comprender un paquete de medidas que serían «la ruina del sector» y que están marcadas por aspectos tan «incomprensibles» como la obligación de tener al cerdo en libertad en la última fase de su vida, «lo que únicamente propiciaría que el animal perdiera peso».

Extremadamente contestatario, Martín Sevillano incide en una idea en la que otros actores de la polémica consultados por Ical también ahondan. Los planteamientos del Gobierno son «sospechosamente similares» a las propuestas realizadas desde Andalucía, «una Comunidad vinculada a la familia del ministro Arias Cañete».

El segundo aspecto cuestionado desde Castilla y León porque perjudicaría «ostensiblemente» al sector está relacionado con el grado de pureza del animal para ser considerado ibérico. Según Martín Sevillano, carece de fundamento «porque el consumidor no demanda más pureza». La exigencia pasaría del 50% actual -cruce de hembra pura y macho cruzado- al 75%.

Tras 35 años criando cerdos ibéricos, ya se plantea el futuro en el caso de que prospere la propuesta. Lo mismo le sucede a Agustín Medina. El panorama, dice, «está feo» y un cambio brusco «traería aún más ruina». Convencido de la fuerza del diálogo, deja caer que quizá sea el asunto más trascendental que la polémica del cambio de norma. Con la legislación actual, advierte, «se han hecho auténticas barbaridades».

Coincide esa visión con la de Bernardo Hernández, uno de los industriales más potentes del sector, quien aboga por un estricto control de la actual norma, dado que «hay mucho género ibérico de mala calidad» Reconoce sin tapujos que todo el mundo está al corriente de esos abusos y apunta a las explotaciones más laxas con la normativa actual, «donde se potencia un sistema de cría intensivo y muy precoz que supone unos costes mínimos», como principales responsables del desprestigio del producto.

Cree Hernández, al frente de Beher, que el borrador se matizará y obligará a adaptarse a quien realmente quiera producir buen jamón. Los que no estén dispuestos, dice, «harán otra cosa que no se llamará ibérico y para la que habrá mercado, porque no se trata de un mal producto». A su juicio, ni el empleo ni la viabilidad de las empresas deberían verse afectados.

Norma «descabellada»

En cierto modo, Santiago Martín, de Embutidos Fermín, está en la misma sintonía, aunque desde otro punto de vista. Considera que la norma no afectará «porque es tan sumamente descabellada que se antoja difícil que salga adelante». Como la gran mayoría de los implicados, entiende que perjudica al sector y que, en caso de aplicarse a rajatabla, «perdería el sentido porque ya no habría sector al que regular». Insiste en la necesidad de cumplir los parámetros actuales, relajados en muchos casos, «y ayudaría a mejorar la imagen fuera de España». Además, reitera las sospechas sobre los vínculos de la propuesta ministerial y Andalucía, por lo que tilda de «sectario» este primer planteamiento, cuyas consecuencias serían «desastrosas».

Pero no sólo se mira con recelo a Andalucía desde Castilla y León. Extremadura también está bajo sospecha dado que otro de los novedosos aspectos que podrían llegar a imponerse es el de la obligatoriedad de que el animal esté inscrito en el Libro Genealógico de la Raza. Ese registro está gestionado por la Asociación Española del Cerdo Ibérico, con sede en Extremadura, con intereses en el sector.

Desde los diferentes sindicatos agrarios el grito es unánime. Asaja y Coag consideran que el cambio produciría «una hecatombe» y UPA advierte de que algunos planteamientos son «absurdos».

Desde una prudente distancia, pero en permanente contacto con los afectados, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Guijuelo asiste con inquietud a los acontecimientos a pesar de reconocer que algunas de las ideas «no son descabelladas» porque «muchas explotaciones no cumplen la normativa, por lo que se hace necesaria mayor vigilancia en el cumplimiento de la norma».

Noticia extraída de: http://www.abc.es/

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