30/07/12

Castilla y León vuelve a rebelarse contra una decisión del Ejecutivo central. Después de que hace unos días, desde el Consejo de Gobierno se criticara con dureza la nueva normativa sobre el cerdo ibérico que ultima el Ministerio de Agricultura y que la consejera Silvia Clemente enviara una carta al titular del departamento, Miguel Arias Cañete, en la que se mostraba su rechazo a unos requisitos «imposibles de cumplir» para la Comunidad, ayer se dio un nuevo paso con el anuncio de que el sector se reunirá el martes con la propia Clemente para unificar«una postura firme» de rechazo al fondo del cambio normativo.

Así lo señaló la consejera en declaraciones al programa a la Cadena COPE, donde insistió en que la norma perjudica a Castilla y León, que comercializa el 50 por ciento de las paletas y jamones ibéricos y que cuenta en la provincia de Salamanca con 352 industrias de un total de 2.000 explotaciones, que dan trabajo a 8.000 personas.

Confiada en que aún se puedan rectificar la medida –pese a las últimas declaraciones de Cañete–, Clemente puso sobre la mesa el acuerdo alcanzado en la Comunidad con el sector en defensa de sus intereses y en su oposición a la modificación que pretende el Ministerio. Así, explicó que ya en mayo hizo llegar al ministro la propuesta de Castilla y León, al tiempo que recordó la misiva enviada el jueves con los argumentos de esta Comunidad para no apoyar alguno de los cambios que Cañete pretende introducir.

Aunque la consejera reconoció que modificar la norma es «bueno» para avanzar en los criterios de calidad y establecer los mecanismos de control que hasta ahora podrían no haber funcionado, también quiso dejar claro que es necesario que esos cambios «tengan la aceptación de toda España» y que esta reforma «no desmantele un sector consolidado en los últimos años en Castilla y León» ante unos requisitos «imposibles de cumplir».

Entre ellos, citó la inscripción en el Libro Genealógico de los progenitores –solo una pequeña parte de los reproductores están apuntados en la actualidad– o la extensificación, fijada para los dos últimos meses de vida del cerdo –aunque ya ha llegado al peso– y que obligará a utilizar miles de hectáreas para dejar más «espacio» a los cerdos. Tampoco compartió la exigencia de aumentar la pureza mínima al 75 por ciento «No tiene ningún fundamento y hace que el sector no sea competitivo», remachó ayer Clemente, informa Ical.

Más críticas

En todo caso, al ser preguntada por una posible conspiración contra el sector de Castilla y León, Clemente lo negó, aunque indicó que en este asunto desde el Ministerio «se ha tomado un camino equivocado para modificar la norma pero aún están a tiempo de rectificarlo».

Además de las quejas tanto de la consejera como del consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, cuando llegó a señalar que la nueva regulación dejaría fuera al 80 por ciento de esta producción, las críticas también han arreciado desde las organizaciones agrarias.

Así, la Alianza por la Unidad del Campo –UPA y COAG– considera que el cambio de regulación «pretende beneficiar a los intereses del modelo productivo que llevan a cabo las grandes empresas y propietarios arraigados en Andalucía y Extremadura» y que éste «perjudica directamente los intereses de los pequeños y medianos ganaderos del sector porcino ubicados en Castilla y León, donde se encuentra gran parte del sector ibérico estatal en este momento».

También la Diputación de Salamanca hizo público su «rotundo» rechazo a la propuesta de modificación al calificarla de «perjudicial» para la provincia «por las graves consecuencias que puede acarrear para esta industria, que es uno de los motores de la economía salmantina».

Noticia extraída de: http://www.abc.es

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